UGT recuerda que tras la reforma de las pensiones aprobada de manera unilateral por el PP en 2013, las pensiones están abocadas a perder poder adquisitivo, como está ocurriendo este año. En 2017 las pensiones han crecido un 0,25% mientras la inflación ya se sitúa en el 1,8%, y sin posibilidad de que adapten al IPC real al final del año. Por ese motivo UGT y CCOO impulsaron una proposición de ley para que las pensiones se realicen de acuerdo con el IPC, que, lamentablemente, el Gobierno bloqueó a pesar de que el Congreso de los Diputados la aprobará el voto de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP y Ciudadanos.
La subida de las pensiones de acuerdo al IPC, como plantea UGT y CCOO en su Proposición de Ley, suponía un coste de 1.023 millones de euros. A la semana de producirse el veto del Gobierno por supuesta desviación presupuestaria (a pesar de que no había aún presupuestos para 2017), rescató las autopistas radiales por 5.000 millones de euros, sin que esto estuviera previsto en los Presupuestos Generales del Estado y sin encontrar ningún obstáculo financiero para el rescate a estas empresas privadas.
Como señala el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, esta Proposición “puso de relieve que hay una mayoría en el Congreso de los Diputados que quiere un cambio de políticas, que hay una mayoría que se puede poner de acuerdo para que las cosas cambien en nuestro país, que es lo que han votado la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos. Esta mayoría no se puede secuestrar porque sería un fraude político, como ha ocurrido con el veto del Gobierno del PP. Por eso, UGT exige al Gobierno que rectifique y que desbloquee la tramitación de esta Proposición de Ley.
El sindicato recuerda que, hace tan sólo cinco días, miles de personas se manifestaron en Madrid como colofón a diez días de marchas realizadas por militantes de UGT y CCOO para reclamar pensiones dignas, que atravesaron España desde cinco puntos de salida, recorriendo 2.500 kilómetros y decenas de poblaciones, hasta llegar a Madrid, a la vez que recababan miles de adhesiones y decenas mociones de apoyo de ayuntamientos y comunidades autónomas.
